La Fiscalía General garante de… ¿la legalidad?

No es secreto para nadie que en Cuba no hay separación de poderes

No es secreto para nadie que en Cuba no hay separación de poderes, que no existe Tribunal de Garantías Constitucionales, que una ínfima minoría está por encima de todo, y que dentro de esa minoría un minúsculo grupo obstenta el poder absoluto e implacable hace más de sesenta años.

Eso ha sumido al país en una obscuridad depredadora de sueños, esperanzas y derechos ciudadanos. La democracia es, hasta el momento, solo una quimera.

Dentro de ese panorama, la Fiscalía General de la República dice ser “Garante de la legalidad”, basando su actuar en estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes.
Atendiendo a esa presentación, y sin más opciones al respecto dentro del país, el 28 de febrero de 2005 entregué a la Fiscalía una reclamación por la segregación a que estaban siendo sometidos los cubanos al tener prohibido alojarse en los hoteles, contrario a lo establecido en la Carta Magna en su artículo 43 que afirma:
“El Estado consagra el derecho… de que los ciudadanos… se domicilian en cualquier sector, zona o barrio de las ciudades y se alojan en cualquier hotel.”
Solicité que los responsables de esa violación de la Ley de Leyes fueran presentados a los tribunales y se pusiera fin a tamaña humilación a los ciudadanos cubanos.

La Fiscalía, que asegura ella misma tener 30 días para dar respuesta a las relamaciones y quejas de la población, 60 días en casos excepcionales, nunca respondió.
En agosto de ese propio año, Wilfredo Vallín, Moisés Leonardo Rodríguez y yo, a título de ciudadanos, presentamos a la Fiscalía una acusación contra los reponsables del hundimiento del “Remolcador 13 de Marzo”, hecho en el que murieron 42 cubanos, entre ellos 12 menores de edad, incluida una bebé de pocos meses de nacida.

“(…) acudimos a esa Fiscalía, máxima representante de la legalidad socialista, para ACUSAR DE ASESINATO, pues se dan en este caso las circunstancias calificadoras de premeditación, ensañamiento y alevosía, a todas las personas que en la madrugada del 13 de julio de 1994, a bordo de los remolcadores Polargo 5, Polargo 2 y Polargo 3 participaron de una u otra forma en el hundimiento del Remolcador 13 de Marzo, y si resultara probado que el hundimiento fue el resultado de un accidente, sean juzgados entonces por HOMICIDIO CULPOSO, conforme lo establecen las leyes penales vigentes.” En ese otro caso, la Fiscalía, volvió a dar la callada por respuesta.

Más para acá, el 30 de noviembre de 2018, presenté ante la Fiscalía reclamación por las violaciones cometidas a la Ley de Procedimiento Penal por parte de oficales de la Seguridad del Estado (Policía Política) y de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), en el registro efectuado en mi casa, lugar donde radica la sede de la Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP) el 30 de mayo de ese propio año, Igualmente hice reclamación de los medios de trabajo y los objetos peronales ocupados durante esa invasión de mi hogar.

Setenta y tres días después, al no tener ninguna respuesta, volví a la Fiscalía. Allí, la misma persona que había recibido el documento y que me entregó acuse de recibo, tras buscar en su ordenador y llamar por teléfono a otros lugares dentro de la Fiscalía, me informó que mi reclamación no estaba registrada. Es decir, desapareció sin dejar rastro.

No obstante, al siguiente día, 13 de febrero, comuniqué a través de la “Línea unica” de la propia Fiscalía, con una fiscal que dijo llamarse Justa. Ella redacto, dijo que por indicación de su jefe, un “Acta de Retención”.Dos veces más hablé con esa fiscal, en la última conversación afirmo no saber que rumbo había tomado mi reclamación.

Por estas experiencias , puedo afirmar,que la Fiscalía General de la República, tiene como fundamental mandamiento servir a los que han llenado de obscuridad la historia y la existencia de los cubanos, lo demás es hojarasca.